El recién nombrado rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, quiere dejar “En manos del Ayuntamiento” la patata caliente del derribo de la p del Prado. Así lo comunicó al Consejo de Gobierno de la Hispalense tras informar sobre el cambio de ubicación del proyecto que se pretende ubicar ahora en Eritaña, en un nuevo edificio junto a los pabellones de México y Brasil.
La Universidad de Sevilla acaba de presentar alegaciones para contrarrestar la petición de cumplimiento inmediato de sentencia que han elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los vecinos que litigaron con éxito contra el proyecto, para que se proceda al derribo de la construcción en cumplimiento del mandato judicial que anula todo el proceso urbanístico sobre el que se gestó la obra y para restituir la zona verde a su estado original. En dichas alegaciones la Universidad sostiene que de la sentencia “solo puede deducirse que no es posible continuar las obras de la Biblioteca” al declarar ilegal la norma urbanística que en su momento permitió y autorizó el proyecto, pero que también el Tribunal Supremo no se manifiesta sobre la posible conservación o demolición de lo construido
Bajo esta premisa el rector considera que si hubiera una “decidida voluntad” por parte del Ayuntamiento éste podría impulsar ahora una modificación del PGOU para dar asiento legal al proyecto, con vistas a dejar sin efecto las sentencias del TSJA y el Tribunal Supremo y con ello todo el proceso legal iniciado en 2008- Sostiene el rector que desde que se inició el proyecto se ha movido dentro de la más absoluta legalidad y que las obras se iniciaron “Con licencia municipal y el apoyo de la Junta de Andalucía”, si bien obvia que el Ayuntamiento de Sevilla incluyó una cláusula extraordinaria en la que advertía a la Universidad de que quedaba eximido de responsabilidades en el caso de que el proyecto tuviera algún inconveniente legal, debido a que ya estaba apercibido de una demanda por las comunidades de vecinos del entorno.
No obstante, el rector “pone a disposición de la ciudad lo construido” y considera que el “proyecto cultural para el Prado queda en manos del Ayuntamiento” por la potestad municipal de modifica el PGOU, “para permitir la construcción de este o cualquier otro edificio en los jardines”, a pesar de las firmes reticencias expresadas por el TSJA en relación a la construcción en zonas verdes consolidadas
EL APARCAMIENTO
A la espera de la resolución judicial definitiva sobre el cumplimiento de la sentencia y después de que haya sido imposible un consenso con vecinos o Ayuntamiento, el rector ha insistido nuevamente en otra vía para evitar tener que asumir la responsabilidad de derruir lo construido. Sí considera Ramírez Arellano que es compatible con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y con la que pueda dictar la Sala del TSJA próximamente, la conservación de lo construido en su subsuelo, “Ya que no altera la condición de zona verde de dicho espacio” Y así propone negociar la creación de un aparcamiento de 80 plazas bajo rasante para aprovechar la inversión pública realizada y evitar tener que afrontar el coste del derribo de la obra en superficie
Pero hasta ahora no ha sido posible ningún tipo de acuerdo al respecto. Ayer, al conocerse la posición del rector, un portavoz de una de las comunidades de vecinos, la del número 9 de Diego de Riaño, expresaba la “Enorme dificultad” de alcanzar un acuerdo extrajudicial al respecto ya que con que sólo una de las nueve comunidades recurrentes se opusiera no sería viable. En este caso algunas de las organizaciones demandantes ya ha advertido que no es viable técnicamente mantener la obra en subsuelo y restaurar la zona verde a su estado original
El Ayuntamiento, por su parte, ha reiterado a través del Delegado de Urbanismo, Maximiliano Vilchez, que “Acatará lo que diga la Justicia” Será pues el TSJA el que decida si la Universidad, como responsable de la obra, tiene que proceder a su demolición
RESPONSABILIDAD
Olvida el rector pedir disculpas y asumir –fue el vicerrector de infraestructuras que promovió la Biblioteca- alguna responsabilidad al haber utilizado fondos públicos de forma arriesgada –cuanto menos-. Los mismos fondos públicos que ahora pretende defender “con contundencia”. Ojala lo hubiera hecho antes, cuando a pesar de la amenaza de la demanda vecinal, aceptó una licencia en la que la Universidad asumía todo lo que pudiera pasar en el futuro. Y pasó. Ahora debe someterse el criterio de la Justicia
Creo que este recién nombrado Rector de la Universidad tiene menos vergüenza que los dos anteriores, respecto al tema de la biblioteca, han metido la pata y ahora no solo quieren que el entuerto lo asuman los demás sino incluso de girar las leyes a su conveniencia creo que lo en este escrito expresado es demasiado fuerte
No solo deben derribar lo edificado para volver a que la zona vuelva a ser una zona verde, sino que deben todos los que han estado en este empecinamiento asumir todas las responsabilidades incluidas las económicas “Entre pillos anda el juego”
Muy preocupante la forma de actuar y pensar en rectores de la Universidad. Para nada son un buen ejemplo a seguir. Ellos que deberían dar ejemplo de sensibilidad, acatamiento a las leyes y sobre todo a la justicia
Pienso que, pedir al Ayuntamiento la reforma ahora del PGOU para que el edificio continúe, excede los límites la ejemplaridad y de la honradez
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