El decreto-Ley 5/2010 - JUNTA DE ANDALUCIA


Dia 6, sábado, Tenemos prevista una  marcha en bici, desde el Prado de San Sebastián al Parlamento, no es multitudinaria, pero tiene un caracter familiar, la familia luchando por los mismos intereses, podemos ver a los niños con su bici, muy formales ellos, luciendo la camiseta reivindicativa de los mismos derechos que reivindicabn sus progenitores. No me atrevo a llegar andando al Parlamento y decido coger un autobús, lamentable puedo comprobar la ignorancia y fobia de personas hacia los funcionarios, viendolos en su marcha surge el comentario " no trabajan nunca y ahora vienen reivindicando su puesto de trabajo. No pude contenerme. Si señor, como en todos los trabajos en este país, hay quien no trabaja, pero para que en la Administración uno no trabaje el compañero suda el doble por el mismo sueldo, para que el servicio vaya hacia adelante. Y quiero exponerlo aqui alto y claro, efectivamente que hay funcionarios que no trabajan, que gozan de largos periodos de baja,  que se escaquean cada vez que pueden, y que presumen de que les engañaran en el sueldo pero no en el trabajo, cuando esto sucede, los compañeros, por ese mismo sueldo sudan la camiseta para que el trabajo este al dia y el ciudadano tenga sus servicios. Aunque esto jamas se reconozca a la hora de dar cualqauier prevenda, en estos momentos solo se prima la antiguadad,  se da la par
adoja de que el que mas pone mas pierde. La Administración no prima la asistencia, ni la puntualidad, ni el rendimiento, solo la antigüedad, y en ocasiones la afinidad con las ideas. Y generalmente cuando hay que pedir un sacrificio de trabajo, no se le pide al que se escaquea, se le pide al que cumple, sabe y lo hace bien. Aunque luego no tenga recompensa. Y los empleados publicos de la Junta de Andalucia que ahora mismo estan luchando por sus puestos de trabajo, también lo hacen en defensa del interes de los ciudadanos. Contra una Administración yo diria que de ineptos, que nos han llevado a la ruina economica y si nos descuidamos nos llevaran a la ruina patrimonial, pero que sus emolumentos, comisiones, prevendas y un larguisimo etc. no tiene limites ni escrupulos, su punto de mira no es el bien común, su punto de mira es no dejar nada para los demás. todo con un vengonzante uso del poder. Han superado con creces el señoritismo que tanto han criticado. Ellos ya no son señoritos, son los todo poderosos señores de la avaricia sin limite. 

Pero...............y que sucede con la oposición, que espera para decir aqui estoy?  es interesante analizarlo.    !Politicos!  Toda una esperanza para el pueblo.

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El dia 4 a las  14,30 horas en el Palacio de San Telmo, los funcionarios siguen en pie de guerra, cortan el trafico en la Avenida de la Palmera en punto entre el palacio y el rio,  coches y autobuses hacen cola esperando, una hora estuvo el tráfico cortado, en ella los funcionarios ademas de hacer ruido con sus pitos y demas artilugios, también interpretaron algun ritmo, y algunos utilizando sus utensilios de cocina, todo vale, si de hacer ruido y hacerse notar se trata. Al final un grupo canto el himno de Andalucia " ¡Andaluces, levantáos! Sea por Andalucia libre,  España y la Humanidad." por supuesto, UGT y CCOO brillaron por su ausencia, sabemos ya como les paga el gobierno, averiguaremos con cuanto les paga la Junta.  
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El Gobierno prepara ya la venta de 75 edificios de la Junta para obtener liquidez

Serán comprados por las empresas públicas Agesa y Sogefinpa, que se endeudarán para afrontar la operación

M. J. D. / SEVILLA  Día 03/11/2010 - 07.14h

Comentarios  GOGO LOBATO

Entrada a Torretriana, el principal edificio administrativo de la Junta de Andalucía.




El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, llevará en breve al Consejo de Gobierno un acuerdo para vender 75 inmuebles propiedad de la Administración autonómica repartidos por toda la geografía andaluza. La razón de esas enajenaciones no es otra que conseguir liquidez en las maltrechas arcas andaluzas, donde ya no queda dinero ni para para repartir las notificaciones y embargos de los juzgados. Estos 75 edificios administrativos forman parte del lote de 90 edificios que la Junta anunció que vendería para obtener en 2011 unos 951 millones de euros y que sumaban 400.000 metros cuadrados construidos.

El decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público andaluz permitirá a Griñán montar todo un mecanismo de ingeniería financiera para evitar la quiebra de la Administración, a juicio de algunos sindicatos de funcionarios. La Junta lo ve de otro modo al decir que se trata de nuevas formas de gestión con objeto de mejorar el rendimiento de los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma, es decir, el patrimonio de todos los andaluces. Ese decreto faculta a la Consejería de Hacienda a vender el patrimonio de la Junta a las empresas públicas Agesa (Empresa Pública de Gestión de Activos) y Sogefinpa (Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial).

Mientras que algunos bienes serán vendidos por Agesa y Sogefinpa a terceros por no tener utilidad para la Administración, otros seguirán siendo usados por consejerías, entes y organismos de la Junta en régimen de alquiler por un período de hasta 35 años. ¿Con qué dinero comprarán Agesa y Sogefinpa esos inmuebles? La respuesta es clara: endeudándose. En el caso de Agesa, no tendrá problemas para obtener financiación bancaria, ya que está valorada por el Gobierno andaluz en 456 millones de euros tras haber heredado parte de los activos de la Expo 92 y además tiene invertidos en deuda pública 50 millones de euros, según sus últimas cuentas publicadas.Una cuestión que aún no se ha dilucidado es la fórmula en que Agesa y Sogefinpa venderán después esos inmuebles, de forma directa o a través de subasta o concurso.

La Junta podrá vender los bienes inmuebles propiedad de los andaluces «cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público y así lo autorice el Consejo de Gobierno», si bien hay una coletilla en el artículo 88.bis del decreto-ley que crea cierta intranquilidad: «Se exigirá autorización por norma con rango de Ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones de euros». Quiere decir ello que si la Junta decide tasa por debajo de los 20 millones de euros el bien a enajenar,la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá vender sin que pase por el Consejo de Gobierno.

Algunas fuentes consultadas por ABC temen que numerosos bienes de la comunidad sean vendidos por debajo de su valor al ser tasados por menos de 20 millones para evitar el acuerdo del Consejo de Gobierno. De esa manera, la Junta podría comenzar a quedarse sin sus bienes sin que el Gobierno dé cumplida información en los consejos de Gobierno de los martes. Tendría que ser la oposición parlamentaria la que reclamara expresamente información sobre las enajenaciones efectuadas.

Mayor eficiencia

En el caso de los 75 edificios que el Gobierno andaluz prevé sacar a la venta en breve, la Junta justifica la operación con el objeto de conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos y una mayor racionalización del gasto. Para el Gobierno andaluz, se trata de una medida contrastada, que implica una política de optimización del patrimonio inmobiliario de esta Administración.

Los primeros inmuebles que podrían salir a la venta están ubicados en todas las capitales de provincia, así como algunas ciudades de más de 50.000 habitantes, tanto de Sevilla como de Cádiz y Málaga. En un presunto borrador que circula entre los funcionarios de todas las consejerías de la Junta figuran entre los inmuebles a vender sedes de consejerías, organismos y agencias públicas..

Nerviosismo en las consejerías

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se reunió ayer por la mañana con jefes de servicio ante el nerviosismo que existe en las dependencias de la Junta por la reordenación del sector público andaluz, que afecta a los funcionarios, y la inminente venta de inmuebles de la comunidad andaluza para lograr liquidez. Martínez Aguayo escuchó y calló sobre el acuerdo que la Junta prevé llevar en breve al Consejo de Gobierno para vender 75 edificios administrativos. Según fuentes consultadas por ABC, ese acuerdo —del que ya circula un presunto borrador por todas las consejerías de la Junta— podría al próximo «consejillo» de Gobierno de hoy, previo al Consejo de Gobierno andaluz del próximo martes.

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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES QUE SE INDICAN

La disposición adicional segunda del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para la enajenación directa y a título oneroso a la “Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.” y a la “Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.”, entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2010.

De igual forma, conforme al citado Decreto-Ley, la persona titular de la mencionada Consejería podrá celebrar contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración de los inmuebles adquiridos, para su utilización por los Departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes.

Por otra parte, la disposición adicional segunda de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por el referido Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, establece que la autorización por el Consejo de Gobierno para la enajenación de los inmuebles que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho Público, les atribuye la condición de bienes patrimoniales, resultando alienables, sin necesidad de previa declaración de alienabilidad.

Con el presente Acuerdo se desarrolla la disposición adicional segunda del Decreto- Ley, autorizando la enajenación de los inmuebles que se recogen en el Anexo, con objeto de conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos y una mayor racionalización del gasto, como indica el preámbulo de aquél. Se trata de una medida contrastada, que implica una política de optimización del patrimonio inmobiliario de esta Administración. En suma, la articulación de la política patrimonial de la Junta de Andalucía exige la utilización de nuevas formas de gestión con objeto de mejorar el rendimiento de los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de

ACUERDO

Primero. Autorización.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, se autoriza la enajenación de los bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que figuran en el Anexo del presente Acuerdo, en los términos establecidos en la citada disposición adicional, así como en el artículo 88 bis y en la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Desarrollo y ejecución.

Se habilita a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

Tercero. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, a de de 2010.
José Antonio Griñán Martínez

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Carmen Martínez Aguayo

CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO

Nº IGBD Dirección Ciudad
2000661 C/ Dr. Ferranz, (Ctra de Ronda 101), 9 Almería
2000994 C/ General Tamayo, esq. Martínez Campos, 23 Almería
20001042 Hermanos Machado, 4 Almería
2000954 Martínez Campos, 11 y Arapiles, 10-12 Almería
2000136 C/ Tiendas, 7 Almería
20001059 Canovas del Castillo, 35 Cádiz
20001099 C/ Isabel la Católica, 13 Cádiz
20001056 C/ Isabel la Católica, 8 Cádiz
20001168 Plaza de España, 19 Cádiz
20001104 Pza de la Constitución, 3 Cádiz
20001158 Plaza Mina, 18 Cádiz
20001071 Alameda Cristina, Marqués de Casa Domecq, 11 Jerez de la Frontera
20001722 Gondomar, 10 Córdoba
20002195 C/ Manriques, 2 Córdoba
20002291 Plaza Ramón y Cajal, 6 Córdoba
20002033 República Argentina, 38 Córdoba
20001704 C/ San Felipe, 5-7 Córdoba
20002340 Tomás de Aquino, 1 Córdoba
20002447 Avda. de Madrid, 7 Granada
20002470 Avda. Sur ,11 Granada
20002463 C/ Joaquina Eguaras, 2 Granada
20002466 C/ Paseo de la Bomba, 11 Granada
20002787 Plaza Campo Verde, 2 pl. 1º Granada
20002368 C/ San Matías, 13 Granada
20002406 C/ Tablas, 11 Granada
20003240 Mora Claros, 8 Huelva
20002970 Avda. Manuel Siurot, 4 Huelva
20003071 Plaza Saladillo (Antonio Machado, prolongación) Huelva
20002913 C/Jesús Nazareno, 21 Huelva
20003025 C/ Mozárabes 4 (antes Zafra Peri. de Sector) Huelva
20003118 Plaza San Pedro, 12 Huelva
20002965 Sanlúcar de Barrameda, 3 Huelva
20004191 Avda de Madrid, 74 Jaén
20003777 C/ Martínez Montañes(antes Arquitecto Berges 11,) 8 Jaén
20003478 Paseo de la Estación 19 Jaén
20003622 Paseo de la Estación, 21 Jaén
20003477 Plaza de las Batallas, 3 Jaén
20004726 Avenida de la Aurora, 47 Málaga
200361383 C/ Carretera, 7 (23) Málaga
20004342 c/ Compositor Lehmberg, 22 (Esq. Huescar) Málaga
20004584 Plaza San Juan de la Cruz Málaga
20004328 Ctra. Cádiz Km. 174 (Barronal Hacienda S. Miguel (Las Chapas) Marbella
2004086000 c/ Alfonso XII, 50 Sevilla
20004855 C/Amor de Dios, 20 Sevilla
20004867 Avda. de la Innovación, s/n Sevilla
20004736 Avda. Hytasa. Edificio Principal Sevilla
2004084689 Avda. Hytasa. Nave 1 Sevilla
20004795 Avda. La Palmera, 41 Sevilla
20004812 C/ Barcelona, 4-6 Sevilla
20004886 c/ Castelar, 22 Sevilla
20005493 c/ Chaves Rey, 4 Sevilla
20004833 C/ Conde Ibarra, 18 Sevilla
20004837 Doña María Coronel, 6 Sevilla
2004086011 C/ Febo ,7-9 Sevilla
20005218 C/ Gamazo, 28 y 30 Sevilla
20004840 Estore, C/ A.Polígono, 67 Sevilla
20005337 C/ Jesús del Gran Poder, 30 Sevilla
20005397 Isla de la Cartuja (C/ José de Gálvez) Sevilla
20004834 C/ Leviés (Conde de Ibarra 20-22) 17 Sevilla
20004819 Avda. Luis Montoto, 87 Sevilla
20004784 C/ Maese Rodrigo, 1 Sevilla
20004836 C/ María Auxiliadora, 13 Sevilla
20004842 Marqués de Nervión, 40 Sevilla
20004838 C/ Pagés del Corro, 90 Sevilla
80425 Plaza de la Contratación, 3 Sevilla
20004800 Plaza de San Andrés, 2-4-6 Sevilla
20004769 Plaza Nueva, 4-5 Sevilla
200490741 C/ Reyes Católicos, 21 Sevilla
20004789 San José 13 y Leviés, 3 Sevilla
2004084688 C/ Sedas s/n Polígono Hytasa Nave 5 Sevilla
20005339 Isla de la Cartuja , TA 2.1.Pabellón de Portugal Sevilla
20004920 C/ Tabladilla, s/n Sevilla
20005335 C/Trajano, 17 Sevilla
20004839 Virgen de la victoria, 46 Sevilla
2007047747 C/ Judería, s/n Sevilla. Camas
20004733 C/ Tomares, km. 1 Sevilla. S. Juan Aznalf.


Información a los funcionarios del Ministerio de la masacre que han vivido
los funcionarios y laborales transferidos de las Confederaciones
Hidrográficas del Estado a la Junta de Andalucía, y de la pretensión por
Decreto ya aprobado de acabar el 1 de enero de 2011 con todos estos
funcionarios y laborales y con las potestades administrativas que
únicamente un funcionario puede ejercer y de la ruptura de la unidad de cuenca.
En el año 2005 se transfirió por el Estado a la Junta de Andalucía la
Confederación Hidrográfica del Sur, así como las cuencas del Tinto, del
Odiel, del Piedras, del Guadalete y del Barbate. Todas ellas pasaron a llamarse
Agencia Andaluza del Agua, y aunque el nombre puede dar a error, seguía
siendo un organismo compuesto por funcionarios y laborales en activo, es decir,
seguía siendo un organismo autónomo, sólo que ahora dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente.
A todos los funcionarios transferidos, que estaban ocupando sus puestos por
concurso, es más, la mayoría de ellos ocupaban su puesto 26 por concurso
obtenido tras haber aprobado las oposiciones, los pasaron automáticamente en
la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) como puestos de nivel 26 de libre
designación, es decir, sufrieron un fragante robo de uno de sus derechos
fundamentales como funcionario, de igual modo ocurrió con los niveles 28 por
concurso. Así de un plumazo, de un día para otro, se cargaron una estructura
basada en el concurso de méritos y capacitación profesional, en la que cualquier
funcionario transferido podía ser cesado de su puesto. A aquellos que no tenían
el nivel 26 aún consolidado, el panorama se le presentó aún peor dado que
como no le reconocían su nivel de salida en las oposiciones del Estado, podían
ponerlo en un nivel 22 – que es el puesto de salida de los opositores en la Junta.
Pero para mayor aberración contra los derechos adquiridos como funcionario,
cuando los funcionarios transferidos concursan a otra plaza, no se les tiene en
cuenta la antigüedad por todos los años que estuvo como funcionario en el
Estado. Así, consta en nuestra hoja de servicio en la Junta de Andalucía:
antigüedad desde … y ponen la fecha del día de la transferencia. Así, cualquier
funcionario, o en el caso concreto de un ingeniero de caminos que llevara 20
años como jefe de explotación de un embalse, si se presentaba a la plaza de
otro embalse, le constaba en la puntuación del concurso como 0 de esos 20
años, así, cualquier funcionario de la Junta, con tan sólo 1 año de experiencia,
ganaba el concurso. A éste se le añadía el agravante, que en la RPT quitaron el
requisito de titulación a la plaza, es decir, que cualquier titulado podía
presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra
hidráulica. Las consecuencias directas de esta estructura es que igual nos
encontramos a un industrial dirigiendo una obra, estos en los niveles bajos, por
no hablar de licenciados en historia como subdirectores de infraestructuras
hidráulicas o veterinarios ocupando plazas de infraestructuras o biológos plazas
como jefes de explotación de presas.
El 1 de enero de 2009, se transfiere a la Junta de Andalucía la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (conocido es por todos el
recurso de inconstitucionalidad del cual se está pendiente la resolución en las
próximas semanas al ser el Guadalquivir una cuenca intercomunitaria de las que
dice la Constitución Española es competencia exclusiva del Estado). Los
funcionarios venían ya escarmentados por las barbaries que habían oído se
habían cometido con las transferencias del Sur – aunque nadie, por mucho que
nos contaron nos llegamos a imaginar hasta donde podía llegar esta pesadilla.
No se respetó, al igual que en el Sur, tampoco la antigüedad como funcionario
en el Estado a la hora de los concursos. Por supuesto, a los niveles 26 les
retiraron todo el personal que tenían a su servicio, y llenaron esto de nuevos
niveles 28 de perfil la mayoría de ellos no técnicos, a cuyas órdenes quedaron
todos los funcionarios transferidos. En definitiva, todos los técnicos de un modo
otro fueron renegados a costa de duplicar plazas (al lado de un funcionario del
Estado otro de libre designación puesto a dedo, trabaja el funcionario del
Estado y firman los de libre designación).
Pues bien, a pesar de todo esto, los funcionarios y laborales transferidos
siguieron trabajando, eso sí, con criterio técnico y con estricto cumplimiento de
la Ley de Aguas. Pero lo peor aún estaba por llegar.
A la cabeza de todas las provincias, que como sabeis en las Confederaciones
está al frente un jefe nivel 28, pusieron a un delegado provincial político, bajo
éste un gerente de libre designación nivel 29 también político, debajo de éste
varios niveles 28, todos de libre designación, y todos los funcionarios pasaron
de tener una jefatura técnica, en aras de la famosa unidad de cuenca, a tener un
jefe político por provincia: olé, viva la unidad de cuenca de la Directiva Marco
del Agua. Con lo que nos podemos hacer una idea de lo extremadamente difícil
que será tomar decisiones unitarias en ríos como el Guadalquivir, cuando cada
jefe político provincial tira para sus intereses: en sequía, por ejemplo: “el de Jaén:
oye, que necesito más agua para el olivar, y el de Huelva: y una leche, y mis
arroceros quieren también más”; estas consecuencias, pueden ser realmente
graves en periodos de lluvias e inundaciones a la hora tomar las decisiones de
desembalse: “en Jaén, yo abro ya, y una leche que espere al de Córdoba, yo
suelto ya que se me inunda Ubeda”. La politización ha llegado ya no solo en la
designación de numeroso personal por libre designación, sino en la toma de
decisiones en función del color político de tal o cual ayuntamiento o tal o cual
regante, hasta el punto, que estas presiones llegan de manera directa incluso a
la guardería fluvial o explotadores de embalses, a la hora de sancionar u otorgar
concesiones. La guerra feudal del agua comenzaba.
En junio del 2010, federaciones y asociaciones de regantes, colegios
profesionales de caminos y agrónomos y lo que queda de representación el
Estado en Andalucía (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) firmaron un
manifiesto público en pro de la unidad de cuenca, a la que desde Andalucía se
hicieron oídos sordos.
Pero la pesadilla estaba por comenzar. La Junta de Andalucía, no sólo hizo oídos
sordos a las voces en contra de su sistema provincializado y politizado de
gestión del agua, sino que en Julio de este mismo año ha dado un paso más. Un
paso que esta vez se ha encontrado con la salida a la calle y la huelga de todos
los funcionarios y laborales de la Agencia Andaluza del Agua (por primera vez
en la historia el día 16 de septiembre, las presas estaban con servicios mínimos,
y el próximo día 7 de octubre, todos estos funcionarios y laborales procedentes
de las confederaciones hidrográficas del Estado irán a un encierro de 24 horas)
Numerosas voces han reivindicado en prensa la marcha atrás de esta locura:
ecologistas, colegios de ingenieros, regantes y voces de la administración estatal.
La Junta de Andalucía ha decidido crear un ente público empresarial (vamos una
empresa pública que viene a ser la actual empresa pública denominada Egmasa,
compuesta por personal contratado a dedo) y eliminar la Agencia Andaluza del
Agua (compuesta por personal funcionario y laboral procedentes del Estado la
mayoría, todos ellos en su puesto tras un proceso de oposición en régimen de
igualdad, capacidad y publicidad, como marca la Constitución). Así se ha
decidido por el decreto – ley aprobado por boja 28/07/2010. La jugada es la
siguiente, dado que “su empresa pública” (con más de 8000 empleados afines)
acababa de obtener una sentencia del Tribunal Supremo estableciendo que ésta
estaba realizando funciones que implicaban ejercicio de potestades
administrativas que sólo estaban reservadas a funcionarios; se decide con este
decreto-ley (con la excusa de que ante la crisis tienen que refundir agencias
(ojo, así debería de ser si todas fueran empresariales) deciden suprimir un
organismo autónomo de la administración (Agencia Andaluza del Agua,
antigüas confederaciones del Estado) y crear una nueva empresa pública que
integra la antigua que ya tenían cambiándole el nombre (amaya) y dándole
potestades administrativas. ¿Qué el tribunal supremo no nos deja que nuestra
empresa pública ejerza potestades administrativas porque no son funcionarios?
No pasa nada, creamos una nueva empresa, le damos potestades
administrativas por decreto. A la empresa pasarán obligatoriamente todos los
laborales (la mayoría guardería fluvial y personal de explotación de presas), han
troceado los procedimientos administrativos (ríanse ustedes ya de la unidad de
cuenca) parte se hará en la empresa y parte en la administración (vamos, la
firma final). Según el decreto, por ejemplo, para la empresa va el personal de
mantenimiento de presas y los laborales de explotación, pero los funcionarios
de explotación no (¿cómo se como esto?). El carajal es tal, que han decidido que
incluso algunos funcionarios (según el borrador de Estatutos) pasarán
obligatoriamente a la empresa pública: lo llaman adscritos funcionalmente a la
empresa y orgánicamente a la consejería, no, no¡¡ no una excedencia voluntaria,
porque necesitan funcionarios firmantes en la empresa dado que le han dado
potestadaes administrativas, sino funcionarios obligatorios para la empresa por
debajo y a las órdenes de un externo contratado, siendo también la empresa la
que establecerá la jornada laboral, funciones y sueldo de ese funcionario, e
incluso, para más inri – no sea que el funcionario pasado obligado a la empresa
no quiera firmar barbaridades e ilegalidades – la empresa puede iniciar
expediente disciplinario al funcionario y cualquier contratado externo hacer
informes para el expediente sancionador del funcionario. ¡esto parece una
pesadilla pero es pura realidad¡ la respuesta está ya en la calle, jamás los
funcionarios de las confederaciones salieron a manifestarse, jamás, ni si quieraÇ
con las transferencias, ni siquiera cuando les quitaron sus plazas por concurso,
ni siquiera cuando no le computan su antigüedad en el Estado en los
concursos¡¡ pero acabar con la función pública, con la independencia de la
gestión del agua, eso ha sido lo único que los ha echado a la calle.
Todos los documentos referidos (Decreto y Borrador de Estatutos), así como los
artículos de prensa, manifestaciones, artículos de apoyo de compañeros,
ecogidas de firmas, etc pueden encontrarlos en la siguiente web de la
plataforma constituida por todo el personal funcionario y laboral de la Agencia
Andaluza del Agua (antigüas confederaciones antes de ser transferidas a la
Junta de Andalucía):
http://plataformaaguapublica.blogspot.com/

Si eres funcionario del Estado, habrás entendido la gravedad de la situación,
más ahora cuando a nivel nacional se habla en estos momentos – y no
seguramente por casualidad – se la sentencia del Constitucional sobre la
transferencia del Guadalquivir, cuando se habla de la creación de un “ente”
paralelo al Ministerio para coordinar la política de aguas y a las Confederaciones
Hidrográficas (como si no existiera ya una dirección general de obras hidráulicas
que se encarga de eso, eso sí, claro, compuesta por funcionarios de carrera), si
eres funcionario y puedes ayudarnos a parar todo esto, distribuye éste escrito,
que lo que está ocurriendo sea conocido por todos. Podeis también adjuntar
vuestra firma en la página web de la plataforma.
Esperemos que la sentencia del Constitucional ponga algo de cordura en todo
esto, o las guerras del agua y la caída de la administración pública neutral y
capaz está asegurada.
Muchas gracias a todos.
Un funcionario que opositó con mucho esfuerzo porque siempre creyó en la

administración pública.


Dia  4 DE NOVIEMBRE

DE 14,30 A 15,30

DEROGACIÓN  DECRETO LEY  5/2010
Todos al Palacio de San Telmo